2, establece que son trabajadores sexuales «todas las personas mayores de dieciocho años que habitualmente ejerzan la prostitución, recibiendo a cambio una remuneración en dinero o en especie» y autoriza a prostituirse solo a aquellas personas registradas en el Registro Nacional del Trabajo Sexual y que tengan su carné sanitario actualizado.
[3] En Uruguay, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud están obligados, en vez de la policía, a aplicar las reglas que marcan las leyes sobre prostitución y tienen permitido entrar a cualquier local en el que se ejerza esta práctica para su regulación.
Esto incluye acceso a la seguridad social, protección contra la explotación y el abuso, y el derecho a ejercer libremente su actividad, dentro de un marco legal.
La regulación de la prostitución en Uruguay ha generado debates en la sociedad.
Uruguay colabora con organizaciones internacionales, como ONUSIDA, para mejorar las políticas y prácticas relacionadas con la salud sexual y reproductiva de los trabajadores sexuales.