Aunque no arraigaron por la revuelta que provocó la Guerra de la Independencia Española, en Cataluña tuvieron más implantación.
No tuvo ninguna efectividad, pero por primera vez se definían las cuatro capitales actuales, y la solución por la demarcación del interior que a la larga se acabó adoptador: la unión del Alto Pirineo con la llanura de Lérida.
Los límites interiores eran parecidos a la división en corregimentos del 1810, con la Plana de Vich incorporada en Gerona.
La Constitución Española de 1812 definía la provincia como entidad política y circunscripción electoral.
El mayo del 1812, las Cortes de Cádiz establecieron una división provisional en grandes provincias como paso previo a la delimitación definitiva.
El límite sur de Cataluña se situaba al ríe Ebro por razones militares.
Reimplantada la Constitución, durante el Trienio Liberal, Bauzá y Larramendi elaboraron una segunda propuesta presentada el 1821.
Durante la época moderada, a mediados del siglo XIX, la legislación centralizadora fue desposeyendo las diputaciones de funciones sustantivas, pasando a ser una demarcación al servicio del estado y no de las sociedades locales.
El 1933 la Generalitat de Catalunya suprimió las provincias catalanas, poniendo en marcha una nueva división territorial en comarcas y veguerías.
El año 2001, el Informe Roca proponía la creación de veguerías equiparándolas en provincias a efectos estatales.