[6] La norma española era en realidad algo más exigente, pues elevaba al 8 o 10 por ciento el porcentaje del capital principal en relación con los activos ponderados por riesgo, lo cual obligó a 13 entidades, 4 de ellas intervenidas, a recapitalizarse.
[7] En febrero de 2012, se adoptaron normas sobre el saneamiento de activos inmobiliarios,[8] que deberían salir al mercado o sanearse mediante una provisión genérica para activos no problemáticos y una provisión específica, más un colchón de capital para activos problemáticos.
Se trataba de "un préstamo en condiciones muy favorables" que se iba a inyectar en las entidades financieras a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el cual actuaría como "agente intermediario del Gobierno y sería el receptor final de los fondos".
Las otras tres entidades que necesitaban capital eran Banco Popular (que no surgió de ninguna caja) (3.223 millones), Banco Mare Nostrum (BMN) (2.208 millones) y el grupo formado por Ibercaja Banco, Caja3 y Liberbank (cuya fusión finalmente no se llevó a cabo) (2.108 millones), las cuales tendrían que captar recursos del mercado, o de lo contrario sufrirían el estigma de recibir ayudas públicas.
Las cuatro entidades nacionalizadas se venderían, una vez recapitalizadas, en una subasta competitiva.
La red de sucursales se reduciría a la mitad en los próximos cinco años en comparación con 2010.
Banco Mare Nostrum (BMN) recibió 730 millones del fondo de ayuda.
Deberían orientar su modelo empresarial para centrarlo en el negocio minorista y la concesión de préstamos a las pymes en las regiones en las que habían operado tradicionalmente.
Dejarían de prestar dinero a proyectos inmobiliarios, o mantendrían una actividad marginal en este ámbito, y limitarían su presencia en el negocio de banca mayorista.
España se comprometió a vender Banco CEISS y a que Liberbank y Banco Mare Nostrum (BMN) cotizaran en bolsa antes de que finalizara el período de reestructuración.
Dicho informe lo apoyaron todos los partidos políticos a excepción de Ciudadanos, que votó en contra, y de Unidos Podemos y Compromís, que se abstuvieron.
(*) A pesar de que Bankinter posee el 100% de EVO Banco, este sigue manteniendo su independencia jurídica y posee una ficha bancaria propia mientras se culmina su adquisición (prevista para 2025).