Constitución dominicana de diciembre de 1854
Incluso caudillos que se opusieron a Santana, como Buenaventura Báez, del Partido Rojo, y Cesáreo Guillermo, del Partido Azul, recurrieron en diversas ocasiones a reinstaurar o modificar aspectos de esta constitución.
Aunque mantuvo una lista de derechos ciudadanos similar a la versión previa, estableció que su ejercicio estaría sujeto a las «formalidades prescritas por las leyes», lo que facultaba al gobierno para regular o restringir dichos derechos.
Esto redujo su capacidad de mando, ya que la nueva constitución daba más poder al Congreso, lo cual resultaba desconcertante y frustrante para el general caribeño.
[2] El 1 de septiembre de 1853, Juan Abril, un agente español en el país cercano a Santana, escribió al político español Mariano Torrente: «Santana cree que no puede mejorarse -la situación- sin la influencia de una nación extraña, y que hoy tiene toda esperanza en nosotros; si ésta le falta, él sera el que agitará y buscará sin reparar en quien le ayude... no sé si debería influir en que -la reforma constitucional- fuese en sentido lo más liberal posible o lo más antiliberal.
[3] El propósito de entablar una relación con España se manifestó en la misión encomendada al general Ramón Matías Mella, cuya tarea era asegurar el reconocimiento de la independencia dominicana y, si era posible, obtener un protectorado español.
Paralelamente, Santana exploró una posible alianza con Estados Unidos, en caso de no poder concretar un acuerdo con España.
William L. Cazneau constató que el gobierno dominicano estaba interesado en estrechar lazos con los Estados Unidos, ya que dependía del apoyo de las Potencias Mediadoras (Reino Unido y Francia) para mantener la tregua con Haití.
Ante esta presión, Santana retiró temporalmente el tratado y eliminó la cláusula del arrendamiento de Samaná.
Esta postura fue respaldada por los diplomáticos franceses, incluido Pablo Darasse y Jean François-Maxime Raybeaud, cónsul general del Imperio francés en el Imperio haitiano, quien, preocupado por la situación, llegó al puerto de Santo Domingo acompañado de varios barcos.
A su regreso, Santana ordenó la inmediata expulsión del general Merced Marcano, antiguo aliado y padrino de uno de sus hijos, a Curazao, como castigo por haber revelado relaciones secretas entre el gobierno y Cazneau, así como por oponerse al tratado con los norteamericanos.
En su opinión, la única alternativa viable era la reforma, ya que el marco constitucional existente no se adecuaba a las condiciones y necesidades del país.
Además, Santana enfatizó la necesidad de evitar que los poderes del Estado se «absorban ni invadan mutuamente con oposiciones sistemáticas».
Se formó una comisión revisora, encabezada por Teodoro Stanley Heneken, representante no oficial del Reino Unido en el país.
Los legisladores dominicanos consideraron que las condiciones del tratado no garantizaban una relación equitativa en términos de igualdad para sus ciudadanos.
El 14 de diciembre, Schomburgk y Darasse exigieron al gobierno dominicano que se comprometiera a no ceder privilegios a ninguna potencia extranjera, incluyendo Estados Unidos, como condición para continuar mediando ante el gobierno imperial haitiano.
Las discusiones se centraron en aspectos formales, y Filomeno de Rojas terminó cediendo a la voluntad del presidente Santana, evitando objeciones durante el debate sobre la reforma constitucional.
Cabe destacar también la incorporación del artículo 3, que declaraba inalienable el territorio de la República, prohibiendo su cesión a ningún país extranjero.
Esto se hizo porque Inglaterra y Francia no querían que tierras dominicanas fueran cedidas a los Estados Unidos, y el presidente Pedro Santana incluyó esta garantía en el nuevo texto constitucional.
La concentración del poder presidencial fue quizás el aspecto más notable de esta reforma.
Se organizó una junta provisional liderada por los generales rojos José Antonio Hungría, Francisco Antonio Gómez y José Ramón Luciano, quienes emitieron el 17 de febrero de 1868 un decreto convocando a una Convención Nacional.
Este texto, considerado adecuado por tener ejecutivo fortalecido fue ratificado con ligeras modificaciones que acomodaban el marco constitucional acorde a los tiempos.
En 1853, el agente español Juan Abril señaló que, si una reforma constitucional de corte liberal no lograba un tratado con España, lo más prudente sería adoptar una postura antiliberal.
Su ideario, en un sentido más amplio, refleja una síntesis sui géneris centrada en la libertad subordinada al orden.
Además, no demostró interés en restaurar las instituciones del antiguo régimen español en el país, lo que complica clasificarlo como un conservador.
En 1849, un manifiesto procedente de Compostela de Azua, que respaldaba a Santana y desconocía la autoridad del presidente Manuel Jimenes, instaba a que este no depusiera las armas «hasta tanto no nos dejase establecido un Gobierno liberal, que respetase nuestra Constitución y leyes y alejase para siempre de nuestro suelo la anarquía».
Desde 1859, comenzó a insistir en que el orden y la libertad debían estar necesariamente entrelazados.
Agregó además: «Mi programa gubernativo se encierra en estas tres palabras: Libertad, Orden, Progreso.
Puesta en acción la libertad así entendida, su resultado infalible para los pueblos es el progreso y la pública prosperidad».
[9] De esta manera, aunque Santana no puede ser categorizado como liberal en el sentido doctrinal clásico, tampoco se le puede encasillar como reaccionario o tradicionalista.
Su política se basaba en una lógica antirrevolucionaria, en la cual el orden y la estabilidad eran los cimientos inmutables sobre los que debía erigirse la República.
