[1] En la resolución, el Consejo expresó su completo apoyo a los arreglos y medidas llevadas a cabo por la Comunidad Europea y la OSCE para consolidar un fin a las hostilidades en Yugoslavia, invitando al Secretario General Javier Pérez de Cuéllar, consultando al gobierno yugoslavo, a asistir en el proceso.
También hizo un llamado a todos los grupos involucrados a vigilar estrictamente los acuerdos de alto al fuego de septiembre de 1991 e iniciar negociaciones en la Conferencia de Yugoslavia para evitar cometer cualquier acción que pueda aumentar las tensiones en la región.
Observando las hostilidades persistentes, la resolución también implementó un embargo a todos los envíos de armas y equipos militares a Yugoslavia hasta que el Consejo considerara lo contrario, pasando este aspecto de la resolución bajo el Capítulo VII al ver la situación como una amenaza a la paz y seguridad internacional.
La resolución se aplicaría a todos los estados constituyentes que formaran Yugoslavia, incluso durante su independencia.
Sin embargo, Bosnia y Herzegovina respondió declarando que solo se aplicaba a Yugoslavia mientras existiera, y que por lo tanto después de la independencia de sus países constituyentes no tendría efecto.