La resolución citó casos de «expulsión forzada masiva» y deportación de civiles, abuso en centros de detención, ataques deliberados en no combatientes, hospitales y ambulancias que impedían la ayuda humanitaria en las áreas afectadas.
Asimismo, exigió que se le concediera acceso inmediato e incondicional a organizaciones internacionales, particularmente al Comité Internacional de la Cruz Roja, a campos, prisiones y centro de detención.
[2] Le pidió al secretario general Boutros Boutros-Ghali a comparar y a resumir la información en un reporte que también hiciera recomendaciones que pudieran ser una respuesta adecuada para la información.
Finalmente, actuando bajo el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas y por lo tanto haciéndolo legalmente ejecutable, el Consejo le demandó a todos los beligerantes y fuerzas militares presentes en Yugoslavia y Bosnia y Herzegovina que cumplieran con los términos de la resolución actual, o de lo contrario el Consejo consideraría tomar otras acciones.
Una comisión de expertos fue establecida en la resolución 780 para evaluar toda la información obtenida.