[1] Por ley son tierras entregadas por el Estado e inscritas formalmente a nombre de las comunidades aborígenes a perpetuidad y no pueden ser vendidas, trasladadas o reducidas de ninguna forma, ni pueden ser renunciadas.
[1] Si bien la ley de 1977 estipula que aquellos no indígenas que tengan propiedades en los territorios indígenas deberán ser reubicados a costa del Estado[1] o, de no desear la reubicación, ser expropiados e indeminzados por el gobierno, en la práctica esto no siempre se ha hecho.
[1] Así mismo la ley establece que cualquier nuevo asentamiento no indígena en los territorios posteriores a la aplicación de la ley deberá ser desalojado por la fuerza por las autoridades, esto, nuevamente, no siempre se cumple.
Las tensiones entre pobladores indígenas y no indígenas han provocado enfrentamientos violentos; bloqueos, quemas de ranchos habitados por indígenas y otras situaciones que implicaron la intervención del gobierno en el territorio de Salitre[2] a raíz de la disputa por tierras entre finqueros y propietarios de etnia blanca o mestiza e indígenas de etnia bribri.
Actualmente existen 24 territorios indígenas de 8 etnias formalmente reconocidas por el Estado.