Entre otros cargos, fue procurador general de la República y ministro del Supremo Tribunal Federal.
En 1967 fue nombrado ministro del Supremo Tribunal Federal por el entonces presidente Costa e Silva, asumiendo la vacante dejada por la jubilación de Hahnemann Guimarães.
En su paso por el tribunal, fue relator del habeas corpus número 45.232, en el cual declaró inconstitucional el artículo que prohibía a profesionales liberales ejercer su profesión si sufrieran acusaciones de violar la ley de Seguridad Nacional.
Con mayoría en el Congreso, el Gobierno no tuvo dificultades para aprobar la nueva Carta Magna, en enero de 1967.
Con ella, los militares institucionalizaron el régimen militar, que había comenzado en 1964 con carácter transitorio.