Violencia de género en Chile
Según la legislación chilena, se entiende por violencia de género a aquellos actos que se ejercen contra la mujer que provoquen cualquier acción u omisión, sea en el ámbito público o privado, basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, que resultan de una construcción social, cultural, histórica y económica, que cause o pueda causar muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas, y en general cualquier conducta que menoscabe o amenace sus derechos.
Sumado a ello, las mujeres demoran en promedio siete años en denunciar que son víctimas de violencia intrafamiliar.
Esta misma encuesta reveló que el indicador de violencia general presentó un aumento significativo entre las mediciones 2017 y 2020, pasando de 38,2 % a 41,4 % respectivamente, según la subsecretaría, esto tendría su origen en que actualmente existen vivencias que en el pasado no eran consideradas como hechos de violencia.
62) y no considera discriminatorias las diferencias objetivas en las remuneraciones basadas, entre otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad.
[20][21] Además, la ley específica que será aplicada de forma obligatoria solo en el sistema público.
[11] Violencia física: cualquier agresión dirigida contra el cuerpo de la mujer, que vulnere, perturbe o amenace su integridad física, su libertad personal o su derecho a la vida.
[2] En 1991 fue creado el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) para promover la igualdad entre hombres y mujeres.
Por su parte, la Fiscalía puede tomar las siguientes medidas: En 2020 Chile registró un aumento del 14,7 % en casos de abusos contra la comunidad LGBTIQA+, registrándose 1.266 casos de abusos contra la comunidad.
Para el año 2021, según el primer estudio exploratorio sobre discriminación y violencia contra personas LGBTIQ+ que se ha hecho en Chile a nivel estatal, un 89,3 % ha sufrido discriminación al menos una vez en su vida.
[26] A nivel estatal se ha avanzado en algunos derechos para la comunidad LGBTIQA+: Desde el 15 de junio del año, está en tramitación el proyecto de ley José Matías, en reconocimiento al joven trans que se suicidó en 2019 producto del hostigamiento y bullying que sufrió en su establecimiento escolar en Copiapó.
[27] La propuesta parlamentaria, patrocinada por el Ministerio de Educación, fue aprobada en sus normas generales por 94 votos a favor, 22 en contra y 22 abstenciones.
También desde junio de 2022, se puede postular con nombre social a todos los empleos y prácticas laborales que ofrece el Estado.
[28] La tipificación del delito de femicidio en Chile se produjo con la ley N.º 20.480 que modificó el Código Penal para establecer el concepto de femicidio y aumentar las penas aplicables a este delito y reformar las normas sobre parricidio.
Esto, ya que con la Ley N.º 20.066 se buscó prevenir, sancionar, erradicar y proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar, pero no se sentaron las bases de lo que la justicia chilena entendería por femicidio.
Este teléfono y chat es gratuito, confidencial y es atendido por especialistas en violencia que entregan ayuda a todas las mujeres que sufren o son testigos de maltrato físico y/o psicológico.
[33] Además, existe un “WhatsApp Mujer”, que busca personalizar lo más posible la comunicación cotidiana con las mujeres víctimas.
Desde la Policía de Investigaciones también cuentan con una vía telefónica para que la ciudadanía pueda denunciar ante cualquier sospecha, ya sea a través del fono 134 o al 600 400 0101 de Denuncia Seguro, que es totalmente anónimo.
[37] Durante la pandemia del Covid-19 se integró una iniciativa que respondía a las condiciones de confinamiento.
