[2][3][4][5][6] Las políticas públicas en relación con las viviendas deshabitadas son de muy distinto tipo aunque en general se tiende a penalizar, en muy distinta medida, la inacción del propietario -sea un banco, un grupo financiero o inversor, una inmobiliaria o un particular- para dar uso a dicha vivienda.
Las medidas van desde la expropiación total o temporal hasta el incremento de diferentes tasas e impuestos[7][8] u otro tratamiento fiscal.
También existe un presupuesto para comprar viviendas vacías para alquiler social y se multa a los propietarios de viviendas vacías y se obliga al alquiler o venta forzosa de viviendas privadas que lleven más de seis meses vacías, salvo que sea una segunda residencia, su propietario esté enfermo o recién fallecido y se esté tramitando la herencia, esté trabajando en otra ciudad o la utilice de forma esporádica.
En Alemania los propietarios están obligados a la rehabilitación o pueden ser expropiados temporalmente para poner la vivienda en alquiler.
[10] En algunas comunidades autónomas y ayuntamientos de España se han aprobado sanciones a los bancos que acumulen viviendas vacías promoviéndose que dichas viviendas se dirijan al alquiler social.
En otros se establece una tasa que deben pagar los propietarios de viviendas vacías.
En el caso de existir legislación local o estatal que penalice la vivienda vacía los gastos pueden aumentar significativamente.