Diego Martínez Barrio, último presidente de las Cortes republicanas y máxima autoridad republicana tras la dimisión del presidente Manuel Azaña, se vio obligado a abandonar Francia y se instaló en México.
En consecuencia proponía que se restableciera la legalidad emanada de la Constitución de 1931 pero que a continuación se consultara al país sobre la forma de gobierno para alcanzar así la «reconciliación nacional» —un término que será utilizado en los años 1950 por el PCE— que permita «librar a España del yugo extranjero» —en referencia a la supuesta dominación italiana y alemana en la España de Franco—.
[1] Unos días más tarde en unas declaraciones a un periódico latinoamericano explicitó más claramente su postura: «Hay que terminar el equívoco de la colaboración entre los partidos republicanos y los marxistas».
[3] Este manifiesto difería del primero en que ya no se contemplaba la celebración de un referéndum para determinar la forma de gobierno sino que insistía en la legitimidad de la Segunda República Española, aunque adoptando un tono muy moderado pues hablaba del «respeto absoluto a todas las creencias religiosas y a todas las opiniones políticas» y a la «propiedad privada» «sin consentir que la vida del país se vea perturbada por una agitación política o social que sólo en la normalidad puede considerarse una manifestación de la libertad de trabajo».
[4] En la primavera de 1943 Martínez Barrio, acompañado del general Miaja, emprendió una gira por varios países latinoamericanos para difundir la ARE que culminó en Montevideo, donde el 17 de abril fueron recibidos por ambas cámaras del parlamento uruguayo.