El equipo de la Policía Técnica Judicial, encabezado por el comisario Fermín Mármol León, imputó como sospechosos a Omar Cano Lugo (alias el Chino), Gonzalo Rafael Cappecci (alias Fafa), José Luis Branger Quiroba (alias Caramelito Branger), Javier Paredes, Alfredo Luis Parilli Pietri, Julio Morales, Diego Rísquez y Rolando Peña.
Otros interrogados que no llegaron a ser imputados fueron Nicomedes Zuloaga, Orietta Cabrices y el hermano mayor de la víctima, Federico Vegas Pérez.
El Caso Vegas Pérez recibió una cobertura sin precedentes en Venezuela por parte de la prensa, la radio y la televisión.
El niño tenía el cráneo fracturado y lesiones de golpes en el cuerpo.
Se supuso que las lesiones las provocó la caída en el barranco una vez muerto el niño.
El Caso Vegas Pérez recibió una cobertura sin precedentes en Venezuela por parte de la prensa, la radio y la televisión.
Funcionarios venezolanos viajaron a Colombia para investigar el tema del tráfico de estupefacientes relativo al caso.
El equipo de la Policía Técnica Judicial, encabezado por el comisario Fermín Mármol León, no detuvo ni acusó a nadie, el Juez Cumare Nava pidió el expediente y dictó autos de detención a Omar Cano Lugo (alias el Chino) como autor material del asesinato, a Alfredo Parilli Pietri (pariente de la primera dama Alicia Pietri de Caldera) como autor intelectual del secuestro y a Gonzalo Rafael Cappecci (alias Fafa), José Luis Branger Quiroba (alias Caramelito Branger), Julio Morales, Javier Paredes Paredes y Diego Rísquez, jóvenes entre 18 y 24 años, por el secuestro, encubrimiento y complicidad en el homicidio, todos pertenecientes a familias ilustres y de renombrado apellido de la clase alta caraqueña.
[1] En enero de 1974, la Corte Superior II o Juzgado II Penal revocó todos los autos de detención «debido a fallas sustanciales en la instrucción y sustentación del proceso» y a que no había suficientes pruebas para sustentar las acusaciones.
Cierta declaración del comisario Fermín Mármol León fue considerada por los tribunales como una violación del secreto sumarial, lo que llevó, junto a la debilidad de las pruebas, a que las causas penales fueran revocadas en enero de 1974.
Luego de recriminarle duramente, el juez le ordenó que no se pesquisara nada sin su expreso conocimiento y consentimiento.
El magistrado Meléndez Hurtado votó en contra por considerar que en el expediente había suficientes indicios como para confirmar los autos de detención.