Derechos humanos en Marruecos
Fue un período en la historia del país conocido por la brutal represión de la disidencia y la oposición política, que implicó arrestos a gran escala, detenciones arbitrarias, largos encarcelamientos e incluso asesinatos de opositores políticos.
[2] En 2005, al conocido periodista marroquí Ali Lmrabet se le «prohibió ejercer el periodismo durante 10 años» y fue multado con 50 000 dirhams (unos 4500 euros) por informar sobre el conflicto en el Sáhara Occidental, según Reporteros sin Fronteras.
En Rabat, la policía expulsó a dos periodistas franceses y confiscó sus cintas alegando que no tenían autorización para filmar.
El informe afirma que la televisión oficial marroquí deja cierto espacio para el debate y la crítica.
El grupo de derechos humanos afirmó que el periodista fue atacado en tres ocasiones y espiado después de que su dispositivo fuera infectado con una herramienta del Grupo NSO.
Para examinar los abusos cometidos durante el reinado del rey Hassan II (1961-1999), el gobierno creó la Instancia Equidad y Reconciliación (IER), encargada de rehabilitar a las víctimas y pagar indemnizaciones por los atropellos cometidos por el Estado.
[17] También hay acusaciones persistentes de violencia contra manifestantes saharauis proindependentistas y personas favorables al Frente Polisario[18] en el Sáhara Occidental, considerado por Marruecos como sus Provincias Meridionales.
[20] Más tarde, ese mismo año, en octubre, Marruecos canceló una visita planificada y previamente acordada de una delegación del Parlamento Europeo.
[24][25] Todavía existe una comunidad judía marroquí, aunque la mayoría emigraron en los años posteriores a la creación de Israel en 1948.
En muchos casos, los delincuentes solían pagar un soborno (entre 10 y 20 dírhams) lo que dio lugar a la aparición del apodo popular: «10 drahem».
[34] Si bien la pena capital sigue siendo legal en Marruecos, no se han llevado a cabo ejecuciones desde 1993, cuando Mohamed Tabet fue ejecutado tras una moratoria de 10 años.
Fue ejecutado por diversos delitos graves, entre ellos violación, secuestro, rapto y actos de barbarie.
Se informa que violó y agredió sexualmente a hasta 1500 mujeres durante un período de 13 años.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia ha declarado que el terrorismo sigue siendo un obstáculo para la abolición «de jure» y se siguen dictando condenas a muerte, especialmente contra terroristas.
[41] También se ha informado ampliamente de que Marruecos puede tener presos políticos.
[42] La esposa de Abdelqader Belliraj, con doble ciudadanía marroquí y belga, contó a Human Rights Watch en enero de 2020 los abusos a los que es sometido su marido en prisión desde 2016.
Según los informes, Belliraj permanece recluido 23 horas al día desde su encarcelamiento y privado de todo contacto con los reclusos.
Belliraj fue condenado a cadena perpetua por presuntamente haber planeado terrorismo.
[43] Activistas de derechos humanos han expresado su preocupación por la extradición del doctor Osama Al-Hasani, con doble ciudadanía australiana-saudí, a Arabia Saudita, tras su detención en Marruecos.
Los partidarios del detenido calificaron su detención como un caso político y citaron la demanda de extradición solicitada por el gobierno saudí.
