Aunque esta desinversión también puede estar motivada por la expectativa de que estas compañías tendrán en el futuro menores rendimientos.
Iniciado en los campus de Estados Unidos en 2010, con los estudiantes instando a sus administraciones a cambiar sus inversiones en la industria de combustibles fósiles por inversiones en energías limpias y en las comunidades más impactadas por el calentamiento mundial, el movimiento pronto se extendió a través del globo.
[1] En 2018 HSBC y Bank of America se habían comprometido a dejar de financiar la generación eléctrica con carbón.
Esto incluye presionar públicamente a las compañías actualmente implicadas en la extracción de combustibles fósiles para que inviertan en energías renovables.
Este aumento en la temperatura sobrepasaría ampliamente el nivel de calentamiento que los científicos han considerado seguro para la vida en la Tierra.
Actualmente, estas actividades son incompatibles con el Acuerdo de París.»[4] Al adherirse al Principio de Toronto, Franta argumenta que las principales instituciones pueden utilizar su estatus y poder para responder significativamente a los retos del calentamiento mundial y actuar basándose en los objetivos del Acuerdo de París.
Los costes hundidos (sunk) o varados[11] (stranded) de las compañías de combustibles fósiles se producen cuando sus reservas probadas (que hasta entonces figuraban en el balance de la empresa) —u otros activos[12] relacionados con estos combustibles— se consideran ambientalmente insostenibles, y por tanto deben descontarse del balance.
La valoración bursátil actual de estas compañías se ha calculado bajo la suposición de que consumirán todas sus reservas probadas, pero si este consumo no fuera posible por las limitaciones medioambientales que se impusieran, esta valoración mermaría notablemente.
[19][20] El informe abarca el periodo 2008–2012 y señala que: «para todas las compañías y todos los años, el coste económico a la sociedad de sus emisiones de CO2 era mayor que su beneficio después de impuestos, con la única excepción de ExxonMobil en 2008.»[19] Las compañías que se dedican exclusivamente al carbón salen incluso peor paradas: «el coste económico para la sociedad supera a los ingresos que la sociedad obtiene de estas compañías (salarios de sus empleados, impuestos, compras que hacen las compañías para suministrarse y empleos indirectos) en todos los años.
Este coste varía entre casi 2 y casi 9 $ por cada dólar de ingresos.»[19] El informe sugiere: Estos costes ocultos o externalizados son un subsidio implícito y consiguientemente representan un riesgo para estas compañías.
[24] Este pronóstico se ha incluso superado: según el análisis[25] del gestor de activos Kaiserwetter, en 2017 producir un megavatio-hora (MWh) de electricidad con combustibles tradicionales costó entre 49 y 174 $, mientras que generarlo con renovables solo costó entre 35 y 54 $.
En 2012 el 67 % de la electricidad del mundo se generó quemando combustibles fósiles.
[23] Al ser inestables sus precios, invertir en la extracción de estos combustible es un negocio arriesgado.
Felmy criticó particularmente al ecologista y autor Bill McKibben.
Héctor Perea, de la petrolera española Cepsa, cree que es una tendencia firme.
[37] La campaña de desinversión en la Universidad Nacional Australiana (ANU por sus siglas en inglés) es una de las que más tiempo lleva en marcha en el mundo, y aunque todavía no ha conseguido una desinversión completa, ha obtenido importantes victorias, especialmente en 2011 y 2014.
[50] En respuesta, Louis Klee, un activista de Universidad Australiana libre de fósiles, escribió en The Age que la reacción demostró no solamente «la complicidad del poder estatal con la industria minera», sino también que los ciudadanos de este país son voces potentes en el debate sobre justicia climática.
[51]En una reunión con estudiantes al comienzo del furor tras la decisión, Ian Young dijo a activistas de Universidad Australiana libre de fósiles que, aunque inicialmente pensó que la desinversión era «un paripé»,[52] la reacción de las compañías mineras reveló que el alumnado «tenía toda la razón».
", que pide a facultades y universidades, así como ciudades, instituciones religiosas y fondos de pensiones, que vendan sus participaciones en compañías de combustibles fósiles.
La autora Naomi Klein calificó la desinversión como "la victoria más significativa en el movimiento climático juvenil hasta la fecha".
[60][61] Durante este tiempo, representantes de Divest Harvard se reunieron con miembros del rectorado,[62] pero dichas reuniones fueron descritas como improductivas.
[64] Tras esto, Divest Harvard empezó organizar convocatorias, conferencias[65] y debates sobre desinversión.
[70] Tras la protesta, Faust declaró que no asistiría al foro abierto que el alumnado y las facultades habían pedido y no se reuniría con estudiantes de Harvard Desinvierte.
[92] La conversación incluyó pedir ideas y opiniones a los miembros de la comunidad del MIT, así como varios acontecimientos públicos.
El acontecimiento mayor fue un debate sobre la desinversión en combustibles fósiles entre 6 reconocidos expertos en cambio climático, al que asistieron aproximadamente 500 personas.
[92] En junio de 2015 este comité publicó un informe en el que recomendaba varias iniciativas a la universidad.
[96] La sentada, que duró 116 días, acabó oficialmente con un acuerdo con la vicepresidenta de investigación, Maria Zuber, tras negociaciones para mejorar el plan.
Según esta resolución, para junio de 2018 se habría completado un plan con dicho fin.
La propuesta original considerada por el sínodo general pedía un plan de desinversión a 5 años; esto se cambió tras las negociaciones entre los proponentes y el brazo inversor de la UCC, United Church Funds.
[173] Irlanda es el primer país del mundo que desinvierte dinero público en combustibles fósiles.