Golpe de Estado en España de 1929
Tuvo lugar en enero de 1929 y su principal promotor fue el político conservador José Sánchez Guerra.
Como ha señalado la historiadora Genoveva García Queipo de Llano, "desde entonces, un sector importante del ejército adoptó una postura republicana".
[1] Como ha destacado el historiador Santos Juliá, los intentos de golpes de Estado eran una novedad que había legitimado la propia Dictadura -era lícito recurrir a la fuerza militar (al viejo pronunciamiento) para derribar un gobierno y cambiar un régimen– y "en este sentido, la Dictadura fue como un retorno a la política del siglo XIX".
[4] Sánchez Guerra desde el exilio empezó a promover una conspiración cívico-militar que acabara con la Dictadura.
[8] Mientras, el general Aguilera buscaba los apoyos militares, especialmente entre los artilleros debido a su enfrentamiento con el Dictador Primo de Rivera.
El apoyo más valioso que consiguió fue el del Capitán General de Valencia, Alberto Castro Girona.
Alfonso XIII sería expulsado del país y el Gobierno Provisional, presidido en Valencia por Sánchez Guerra, convocaría elecciones a cortes constituyentes.
Lo mismo sucedió en Barcelona, donde al ni siquiera convocarse la huelga general prevista los oficiales comprometidos con el golpe decidieron no sacar sus regimientos a la calle, y ello a pesar de las recriminaciones que les lanzó el general López Ochoa que se había trasladado desde París, donde residía desde septiembre de 1928, para encabezar el movimiento en toda Cataluña.
Conferenciamos con los cuarteles de muchas poblaciones comprometidas, y todos nos contestaban que el movimiento se había aplazado indefinidamente...».
El general Sanjurjo, jefe de la Guardia Civil, fue enviado a Valencia con plenos poderes para restablecer el orden.
También fueron clausurados los centros culturales y sociales donde solían reunirse los grupos de oposición a la Dictadura.
[15] Esta última decisión provocó un nuevo enfrentamiento con el rey, que era partidario del perdón a los militares implicados.
Que un tribunal militar diera este veredicto resultaba de mal augurio para el dictador».
