Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) es una institución gubernamental, autónoma, dedicada a brindar servicios de salud y seguridad social a la población que cuente con afiliación al instituto, llamada entonces asegurado o derechohabiente.
La misión del IGSS es la siguiente: Proteger a nuestra población asegurada contra la pérdida o deterioro de la salud y del sustento económico, debido a las contingencias establecidas en la ley.
La junta directiva es la autoridad suprema del Instituto y, en consecuencia, le corresponde la dirección general de las actividades de éste,[1] y está integrada por seis miembros propietarios y seis miembros suplentes de la siguiente forma:[1][2] Los miembros propietarios deben ser sustituidos en sus ausencias temporales o accidentales por sus respectivos suplentes.
[7] Otra caso fue el del presidente de la Junta Directiva Carlos Wohlers, quien fue enviado a prisión en 2006 por falsificaciones que hiciera en la transferencia de fondos del instituto.
[8] El nuevo presidente de la institución advirtió que las evidencias servirán para entablar acciones legales, administrativas o penales, contra su antecesor, quien se entregó finalmente en enero de 2015, aunque quedó en libertad condicional luego de cancelar una medida sustitutiva por quinientos veinticinco mil quetzales.
También estaba Max Quirín Schöder, vocal de la Junta Directiva en representación del CACIF, quien desde 1990 había destacado en el mundo empresarial cafetalero; sus negocios y fincas se concentran en la Empresa Comercial Agrícola, S.A. (ECOAGRO) con sede en Cobán.
En este caso, de acuerdo a las escuchas telefónicas interceptadas, el supuesto pago ilegal negociado sería del quince al dieciséis por ciento de la adjudicación.
[17] Estos grupos han mantenido influencia en el Ejecutivo y en el Legislativo a cambio de estos aportes, que constituyen ilícitos porque no son reportados al Tribunal Supremo Electoral; las razones para ocultar estos aportes son: (a) no existe una cultura de transparencia en las donaciones políticas y los empresarios prefieren que sus nombres no aparezcan vinculados con proyectos políticos particulares, (b) en muchas ocasiones se apoya a varios candidatos en una misma contienda electoral, y (c) para el partido es mejor no declarar los recursos recibidos y así poder manejarlos a discresión.
[17] La CICIG pudo identificar tres formas de financiamiento de las élites empresariales a los partidos políticos, entre ellas la figura del recaudador, quien es una persona que recibe aportes para campañas electorales sin reportarlos al TSE ni a la contabilidad de los partidos y ya en el gobierno favorecen a los financistas.
[18] Los recaudadores actúan en los diferentes niveles de la competencia política y movilizan fondos de proveedores del Estado, donantes que prefieren mantener el anonimato y estructuras criminales.
