Caso de La Línea en Guatemala

[1]​ Por este caso, en 2020, ya fueron condenados empresarios que usaron la estructura criminal para evadir impuestos y se les impuso una pena de 3 años con 4 meses de prisión conmutables, también una multa de Q.33 mil 333 e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos siendo estos Miao Miao, Zoumin Mai, Eder Eli Leiva Hernández, Antoun Batach Mksoud, Sookhwa Jung Kyung Rang Hong, IL Kim, Mirna Lucrecia Montenegro Armas, Zhonlang Huang, Zhixiang Chen, Hugo Jo Hu, María Olimpia Oliva Vivar, Fang Meiyu, Augusto René Castillo López, Jae Uk An.

[10]​[12]​ Al momento de descubrirse el caso, Monzón se encontraba en Seúl, acompañando por la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti —a quien le fue conferido un doctorado honoris causa en esa ciudad por su trabajo social―.

Cuando se enteró de los cargos contra él, Monzón emprendió la fuga; otros involucrados fueron capturados en Guatemala.

[14]​ Por otro lado, aunque no hubo organización política que hiciera estallar todo el malestar acumulado, las élites tradicionales del país, preocupadas por la situación actual y considerando que el polvorín social podría estallar muchísimo más, organizaron una lucha frontal contra la corrupción de los funcionarios públicos y obligaron a estos a extender la permanencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, logrando que el malestar de la población se dirigiera hacia el Gobierno y en especial hacia la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti Elías, quien fue obligada a renunciar el 8 de mayo de 2015,[15]​ aunque muchos consideraban que existía corrupción generalizada en el país desde hacía décadas y que eso es lo que se debería de haber afrontado desde mucho tiempo atrás.

La propaganda publicitaria lo presentó como un partido de militares institucionales, que rescatarían la solidez del Estado.

Después, Pérez Molina colocó a Claudia Méndez Asencio como intendente de Aduanas en la SAT.

[24]​ Posteriormente, el Gobierno de Pérez Molina quiso privatizar la recaudación en las aduanas contratando a una empresa argentina, pero la oposición ciudadana los frenó.

[23]​ Considerado como el heredero del liderazgo en la corriente militar conocida como la «Cofradía», Ortega Menaldo operaría tras bambalinas los hilos de la política nacional, algo que no ha sido demostrado todavía pero que se rumorea persistentemente en el país.

[27]​ En septiembre de 2014 el capitán retirado Byron Lima Oliva, quien estaba en prisión desde hacía quince años en la cárcel de Pavoncito, condenado por el asesinato del obispo Juan José Gerardi, fue capturado cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala descubrió que controlaba dicha prisión y que tenía prácticamente el control del sistema penitenciario de Guatemala.

[29]​ De acuerdo al entonces presidente Otto Pérez Molina, él pidió no incluir a Baldetti en la investigación, ya que ambos solicitaron a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala investigar este caso, y además explicó que ellos ya conocían sobre los avances del trabajo de la Comisión.

Según Velásquez esta facilidad se les otorgaba mediante un contacto telefónico, conocido como «La Línea», el cual era proporcionado a los importadores.

Esta tarde la defensa argumentó por sus patrocinados, mientras ―se informó― la jueza podría declarar en rebeldía a Juan Carlos Monzón Rojas.

[34]​ A ellos se suman Melvin Gudiel Alvarado, Julio César Aldana Sosa, Carlos Ixtuc Cuc, Hilda Maldonado García y Adolfo Sebastián Batz.

Sin pertenecer a la SAT, Aldana era el enlace de los importadores con la aduana de Puerto Quetzal: organizaba las transacciones en el lugar, o delegaba la responsabilidad en un subalterno; incluso, al menos en el papel, aparecía como un importador y tenía registradas a su nombre las empresas Aceites y Repuestos Jerusalén, e Importadora y Exportadora Gecko.

[35]​ La fiscalía decidió rastrear los correos electrónicos; Aldana enviaba sus datos de contacto por teléfono a nuevos clientes.

[35]​ Pero, según la fiscalía, no todo era paz y concordia entre los integrantes de la red; algunos técnicos aduaneros continuaban con sus negocios particulares, cobrando por su cuenta a ciertos importadores.

«Eco» llevaría a la fiscalía ante un jefe superior, un personaje nombrado en las escuchas como «JC» o «el Moreno».

JC resultó ser Juan Carlos Monzón Rojas, el entonces Secretario Privado de Roxana Baldetti.

[35]​ Pero pese a ello, Estuardo González no había sido reemplazado ya que su posición, vinculada directamente con Juan Carlos Monzón, seguía siendo privilegiada.

[35]​ Para el caso «La Línea», la boutique Emilio es clave por constituirse en su principal centro logístico a partir de octubre.

[36]​ En los informes del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala no se incluye un listado que compile a todos los involucrados porque la Comisión no pretende publicar «listas negras» sino presentar casos o «eventos», perseguibles penalmente.

En estas facturas ―la mayoría provenientes de Panamá, China e India― las mercancías ya estaban registradas con un valor menor, o incluso eran diferentes a lo que en verdad llegaba al puerto.

Debido a esto, González se convirtió en colaborador eficaz para declarar contra Otto Pérez Molina y Baldetti.

Ahora bien, el problema es que este movimiento social estaba solamente aglutinados por emociones molestias compartidas, e inició su articulación alrededor de demandas comunes, pero circunstanciales sin mayor proyección sociopolítica, ni prevención de posibles escenarios hipotéticos.

[65]​ El ente rector de las cámaras empresariales de Guatemala exigió al presidente Otto Pérez Molina un efectivo e inmediato combate a la corrupción sugiriendo en primera instancia, los contratos millonarios del Estado que han despertado dudas en varios ministerios; demandó que se tomen medidas concretas e inmediatas para combatir la corrupción en el Estado, como la revisión de contratos millonarios en los ministerios de Gobernación, Salud y Desarrollo Social, entre otros y que sean declarados lesivos.

Según AP, Mendizábal le dice a Ortiz: «Nosotros aquí estamos, al pie del cañón, no te estamos abandonando en absoluto, vos sabés.

[120]​ Una vez establecida la concesión, Pérez Molina y Baldetti se habrían repartido US$8 millones cuatrocientos mil garantizados por la firma Group Maritim TCB.

[121]​ De acuerdo con el MP y la CICIG, estos habrían recibido US$5 millones en sobornos.

Esta conferencia, celebrada en Casa Presidencial, fue el detonante para que en la siguiente protesta las pancartas incluyeran quejas e improperios contra los Estados Unidos y que en los medios se empezara a hablar de una posible intervención.

[122]​ La diferencia en la política estadounidense se observa en que cuando se derrocó al coronel Jacobo Arbenz Guzmán en 1954 hubo una intervención clara y con el espectro del anticomunismo; era la época de Macarthismo en Estados Unidos y podían incluso desembarcar marines donde hubieran querido.