Como la máxima autoridad electoral en el distrito Entre Ríos[3] lleva adelante las elecciones y todos los procesos judiciales relativos a los partidos políticos.
Es Disertante y Docente invitado en las universidades nacionales de Buenos Aires (UBA), Rosario (UNR), Entre Ríos (UNER), Tucumán (UNT), Córdoba (UNC), Nordeste (UNNE), La Rioja (UNLAR), La Plata (UNLP) y en las universidades privadas de la Cuenca del Plata (UCP), Católica Argentina (UCA) y Austral (UA).
Es autor de publicaciones sobre temáticas relativas al Derecho Penal, Procesal Penal, Electoral, Ambiental, de Género y a la Teoría General del Derecho.
Durante el año 2004, asumió la representación de la familia de Fernanda Aguirre, cuyo secuestro extorsivo y desaparición,[14] tuvo gran trascendencia local y nacional.
El juez Leandro Ríos llevó adelante la megacausa Área Paraná I, en donde se investigaron y juzgaron delitos de lesa humanidad, cometidos en la provincia de Entre Ríos durante la última dictadura cívico-militar.
A partir de la asunción en la causa del juez Leandro Ríos y merced a las decisiones procesales adoptadas,[24] se logró encaminar y avanzar decididamente en el trámite procesal hasta el dictado de la sentencia.
En la causa Área Paraná se investigaron delitos contra 52 víctimas y desapariciones forzadas de otras personas.
Tuvo 21 imputados, varios de los cuales murieron o fueron apartados por demencia senil y otras enfermedades.
Al respecto, el fallo se funda entre otras cosas, porque los “procesos híbridos” propuestos por esa ley provincial incumplían la forma federal de gobierno al quebrar la “potestad jurisdiccional” (artículo 1 de la Constitución Nacional Argentina), además de afectar garantías como el “debido proceso”, la “defensa en juicio” y el “juez natural”.
Como contraprestación, se permitió ingresar personal a la municipalidad en lugares estratégicos para el desarrollo de su actividad ilícita.
[35] Esto le permitió a la banda, desde la estructura del Estado municipal, obtener fondos y recursos materiales para la adquisición de estupefacientes, el almacenamiento y su distribución utilizando incluso los camiones del municipio.
Según la investigación, los ingresos de la actividad ilícita, eran utilizados por Varisco para devolver apoyos y favores políticos.
[41] Durante la investigación, un grupo de defensores solicitó que la causa no se tramite más en la jurisdicción provincial y se eleve a la justicia federal, con el propósito de ralentizar la investigación en curso.
Al respecto, en diciembre del 2018, el juez Leandro Ríos, titular del Juzgado Federal N°1 de Paraná con competencia electoral, rechazó que la causa de los contratos pase a la Justicia Federal Electoral, por no encontrar hasta ese momento, relación con el financiamiento de la actividad político partidaria.
[42] A pesar de estar firme la sentencia del Juez Ríos, tras insistentes y reeditados planteos de la defensas privadas para que la polémica causa pase al ámbito federal, la Cámara Nacional Electoral, aceptó la recusación del juez Ríos y la asignó a Daniel Alonso, titular del Juzgado Federal N°2 de Paraná, quien falló de manera contraria a Ríos, ratificando la competencia electoral.