La Ley de protección del informante, oficialmente Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, es una ley española aprobada durante el reinado de Felipe VI por las Cortes Generales[1] que tiene por objeto regular un marco adecuado de protección para aquellos informantes que pudieran sufrir represalias por sus testimonios.
[2] Esta ley, que consta de 68 artículos y veintiún disposiciones, se divide en ocho títulos.
[2] Por último, las veintiún disposiciones regulan los plazos de revisión de los procedimientos, la rendición de cuentas de la Autoridad y los convenios que está autorizada a realizar, la creación de estrategias contra la corrupción, la aplicación de estas medidas a la normativa europea y modificaciones legislativas varias para adaptar esta a la ley de protección del informante.
[2] No se aplicará protección a la revelación de información clasificada ni a la revelación de informaciones relativas a infracciones en la tramitación de procedimientos de contratación que contengan información clasificada o que hayan sido declarados secretos o reservados, o aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o en los que lo exija la protección de intereses esenciales para la seguridad del Estado.
Las personas que comuniquen o revelen infracciones previstas en el apartado anterior tendrán derecho a protección siempre que concurran las circunstancias siguientes: Quedan expresamente excluidos de la protección prevista en esta ley aquellas personas que comuniquen o revelen: La ley establece las siguientes medidas de protección: La ley prevé la existencia tanto de una autoridad de ámbito nacional denominada Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) como autoridades análogas de ámbito autonómico.