[6] Vivía en un condominio en Vila do IAPI, donde se había mudado en 2018 con su pareja, la cuidadora de ancianos Milena Borges Alves.
[9] Perdió parte del movimiento en una de sus manos debido a un accidente laboral en el aeropuerto Salgado Filho en 2002 y, desde entonces, trabaja en empleos temporales.
[10] Padre e hijo planeaban comprar un vehículo utilitario para transportar alimentos a Ceasa y aumentar los ingresos de la familia.
[6] Según la policía, João Beto tenía antecedentes penales por violencia doméstica, amenazas y posesión ilegal de arma.
[12][13] Ambos fueron contratados por la empresa Vector, y Silva no tenía autorización para trabajar como seguridad.
Según testigos, João Alberto pidió ayuda y rogó que le dejaran respirar.
[23] Un testigo revisó los signos vitales de João Alberto y constató que efectivamente estaba muerto.
Adriana llamó entonces a la Brigada Militar y sólo siete minutos después pidió ayuda al SAMU,[24] informando falsamente que la víctima se había peleado con otros clientes y se "sentía mal".
[31] En Porto Alegre, hubo una protesta frente a la unidad de la empresa Carrefour en la que fue asesinado João Alberto, con aproximadamente 2.500 manifestantes.
Las principales consignas fueron "Black Lives Matter" y exigencias de justicia para Beto, como era conocido.
[38] Participaron del evento los músicos Tico Santa Cruz, Nego do Borel y Pretinho da Serrinha, además de la actriz Patrícia Pillar.
[42] En Belo Horizonte, la población también salió a las calles con carteles que decían "Carrefour racista" y "dejen de matarnos".
[43][44][45] En la ciudad de Contagem, también en Minas Gerais, una tienda Carrefour fue cerrada durante las protestas en el municipio.
La Policía Militar de Pernambuco utilizó gas pimienta para dispersar a los manifestantes y una persona fue detenida.
[69] La denuncia fue aceptada por la jueza Cristiane Busatto Zardo, del 2º Tribunal del Jurado de Porto Alegre, que consideró que había pruebas suficientes de autoría en la pieza elaborada por el MP-RS, y los seis imputados pasaron a ser imputados.
[3][70] La jueza responsable del caso determinó que el delito fuera reconstituido en febrero de 2021.
La coalición también criticó la ausencia de otras organizaciones que representaran al movimiento negro durante las negociaciones.
[75][76] En noviembre de 2022, el Tribunal determinó que los seis imputados por el delito pasarán a jurado.
[82]el Carrefour ha admitido que estos incidentes no se pueden ignorar, revelando medidas tomadas para evitar recurrencias.
[83] el Carrefour transfirió R$ 1 millón a la familia de João Alberto Silveira Freitas.