Tasas universitarias en España
[3] Previamente a la introducción de estas, las tasas podían variar ampliamente según la comunidad en cuestión.
Por ejemplo, para el año académico 2021-2022, las más altas se encontraban en la Comunidad de Madrid y Cataluña, con un precio medio del crédito a 23,4 y 23,1 € respectivamente; mientras que las más bajas se situaban en Galicia, con 11,9 € por crédito.
[9] Los primeros centros universitarios que aparecieron en la península en la Edad Media fueron las escuelas islámicas, cuyo mayor representante era la Madraza de Granada.
[10] En cuanto a los centros católicos, la hipótesis predominante describe una enseñanza universitaria muy probablemente gratuita, siguiendo la tradición de las escuelas catedralicias y monásticas que defendían firmemente la idea de que el conocimiento «es don de Dios et por ende non debe ser vendida [sic]».
En sus inicios, las universidades de fundación regia la recibían, en gran parte, del mismo rey, que incluso llegaba a donar propiedades o edificios de la corona.
[11] Los textos que describen las finanzas y las diferentes estructuras económicas de las instituciones universitarias en la Edad Moderna son escasos y varían significativamente dependiendo del centro en cuestión.
Hacia mediados del siglo XVI, las rentas derivadas de este impuesto suponían, generalmente, una cantidad algo superior al 90 % de los ingresos universitarios, porcentaje que se mantendría entre el 70 y el 90 % hasta el siglo XVIII.
En concreto, este sujeto se abordaba en el artículo 36, el cual establecía la creación del Servicio de Protección Escolar, un organismo encargado de, entre otras cosas, «Fijar las tasas escolares que deba satisfacer cada alumno».
Según esta ley las universidades públicas se regirían por un nuevo sistema jurídico-administrativo.
Este régimen de precios públicos establecidos por el estado solo se aplicaría en las llamadas «Comunidades Autónomas de territorio MEC», compuestas por Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja.
Esto afectaría, igualmente, la cantidad a sufragar según cada titulación.
[38] A efectos prácticos, esto implica que los precios públicos están determinados en gran medida por los gobiernos de cada comunidad autónoma.
En este sentido, el gobierno central ha actuado históricamente como un estabilizador de los precios.
Además, existe con frecuencia una variación importante entre el precio de las diferentes titulaciones según la disciplina académica a la que pertenezcan.
[42] Existen excepciones a estas tendencias: Castilla-La Mancha representa la única región en la que los precios de los grados igualan a los del máster;[43] y Andalucía ha mantenido tradicionalmente un precio común para todos sus grados, independientemente de la rama de conocimiento a la que estos pertenezcan.
Este incremento fue especialmente acusado en la Comunidad de Madrid y en Cataluña, con una diferencia de precios hasta tres veces mayor entre las matrículas públicas más altas y las más bajas.
[41][45] Evolución del precio medio (en euros) por crédito ECTS matriculado por primera vez en titulaciones de grado en cada comunidad desde el curso 2009-2010 hasta 2021-2022[46][36][37][47][4][nota 3]
Existen variaciones en el encarecimiento del precio del crédito en las sucesivas matrículas, así como diferentes filtros aplicables según la procedencia del estudiante (comunitario, extracomunitario, residente o no residente) que afectan de forma muy diversa al precio y que varían ampliamente según la regulación propia de la comunidad.
[41] Un informe realizado en 2016 sobre la variación de precios entre cada comunidad autónoma concluía que «En general, los precios y los criterios para su establecimiento no son coherentes entre comunidades autónomas, no tienen justificación aparente –explicitada en los decretos de precios– y, en algunos casos, no se atienen a las normas dictadas en la ley.»[48] En mayo de 2020, el Ministerio de Universidades estableció un mecanismo mediante el cual los precios públicos máximos serían fijados por el estado.
[38] La medida no fija un precio mínimo, y el precio máximo no se halla especificado en el documento, sino que este se basaría en el precio de la media nacional, con un límite a la variación al alza respecto a esta calculado mediante un índice de 100.
[50] En la práctica, esto supondría que el precio medio quedaría establecido en 16,05 euros por crédito ECTS de grado en España, al que se le añade un 15 % como valor máximo del coste.
La reducción de los precios públicos no afectaría a las comunidades con las matrículas menos caras: Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia.
En cambio, otras ocho comunidades (Aragón, Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra, País Vasco y La Rioja) tendrían que realizar un ajuste moderado, mientras que en el caso de Cataluña y Madrid el ajuste sería más significativo.
[51] Para el año 2020-2021, solo cinco comunidades (Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja) aplicaron una reducción de las tasas, y todas —exceptuando Aragón y La Rioja que realizaron la reducción completa ese mismo año— tendrían los dos años académicos siguientes para alcanzar el límite establecido por el acuerdo.
La mayor rebaja se dio en Cataluña, cuyas matrículas para ese año fueron 720 euros de media más baratas, relevando el primer puesto a la Comunidad de Madrid como la región donde resulta más caro entrar a la universidad.
[54] Los másteres habilitantes, que en muchas escuelas son herederos de los Proyectos Fin de Carrera (PFC) previos al Plan Bolonia, eran requisito obligatorio para el pleno ejercicio de las actividades profesionales reguladas, pero sus tasas son típicamente más elevadas que las del grado.
Esto implicaba una inversión grande por parte de los estudiantes, dificultando económicamente el acceso a estas profesiones.
