[1] El uso de dichos métodos está en boga entre algunos colectivos de ideología antigubernamental[2] y aquellos que están asociados al movimiento prorredentista.
[3] Mark Pitcavage, de la Liga Antidifamación afirma que tales métodos fueron introducidos por Posse Comitatus.
[4] Algunas víctimas del terrorismo documental se han visto obligadas a declararse en bancarrota.
[5] Un artículo de Southern Poverty Law Center afirma que existe otra táctica que consiste en rellenar informes que, elevados a la Administración Tributaria de Estados Unidos, acusan a sus enemigos políticos de tener ingresos no declarados.
[6] Demandas judiciales frívolas como esas también obstruyen los tribunales, dificultando que se ocupen de otros casos como los que van contra los títulos de propiedades de funcionarios y otros.