Se hacían cálculos premeditados sobre cuanto tenían que pagar las comunidades según su número de tributarios.
Dado que los virreinatos tenían una organización particular basada en pactos entre los diferentes estamentos, como era el caso entre las comunidades indígenas y la Corona, el tributo garantizaba el correcto funcionamiento del sistema virreinal a nivel institucional, lo que se traducía en el mantenimiento de los campos, caminos, puentes, ejecución de obras públicas y el pago a los funcionarios públicos.
En el siglo XVII, con el fin de aumentar el caudal recaudado se estipuló que el cobro del tributo debía ser extendido a los mestizos, negros libertos e indios forasteros.
Así, hubo aumentos en el valor del tributo si algunas comunidades indias presentaban un aumento de calidad productiva en sus tierras, o por haber tenido un mayor crecimiento demográfico; también hubo reducciones si las comunidades indias pedían una concesión al virreinato por un bajón en su capacidad productiva, o por concederse premios por la fidelidad al Rey de una comunidad que se opuso a alguna rebelión.
Sin embargo, pese a las buenas intenciones, los liberales Idealistas con el Igualitarismo no se habían percatado de que era el principal ingreso fiscal de los virreinatos (siendo los más afectados el Virreinato del Perú, la Provincia constitucional de Quito y Guatemala)[2] y ello puso en crisis el funcionamiento del estado para atender a la ciudadanía (sea blanca o indígena), como también que los indios no estaban preparados para recibir las mismas responsabilidades que los españoles (pues antes estaban exonerados del pago de diezmos y alcabalas exclusivos de los Criollos, que eran un gasto mayor por una Capacidad económica más fuerte en las zonas urbanas).
Previamente, el régimen tributario (durante los primeros años de la Conquista del Imperio incaico) había sido algo totalmente arbitrario y sometido a la voluntad del encomendero, que los recaudaban para sus Encomiendas a un modo Feudal descentralizado.
[1] También hubo quejas por parte de los Nobles incas porque fueron obligados inicialmente a pagar el tributo de igual manera que los yanaconas y hatunrunas, obligándoles a apelar judicialmente hasta lograr ser eximidos.
Esto se debía a que las elites intelectuales (como el propio Túpac Amaru II, quien uso “la abolición del tributo” como un mero recurso político para ganar apoyo fácil de comunidades indígenas a través de la Manipulación política), conocedores del funcionamiento de la economía virreinal, sabían que en la práctica resultaba perjudicial su abolición, no solo para el estado, sino también para las propias comunidades indígenas, por más que los indios no la entendieran así, ya que era necesaria para el mantenimiento de la Civitas indígena en la Sociedad política indiana.
También se sabía que la ejecución de una política fiscal abolicionista del tributo indígena no hubiese traído un resultado homogéneo en el sur y el norte peruano.
[8][9][7] Tras las Guerras de independencia hispanoamericanas, hubo varias repúblicas que mantuvieron la contribución indígena bajo otros nombres, perduran durante gran parte del siglo XIX.
Luego, tras la Guerra civil peruana de 1884-1885, Andrés Avelino Cáceres aboliría el tributo indígena, pero instauró algo similar llamado contribución personal que fue esencial a su gobierno.