Último gobierno constitucional del reinado de Alfonso XIII
Solo hora y media después Alfonso XIII nombraba a Manuel García Prieto presidente del gobierno.
"Durante cuatro años, los liberales habían luchado para recuperar las riendas del Estado… Ahora tendrían la ocasión de poner en marcha las reformas prometidas, que recuperasen la confianza popular en el sistema político y sacaran al país del marasmo en que le había sumido la prolongada crisis social y política", comenta Julio Gil Pecharromán.
La reforma constitucional se completaba con el establecimiento del sistema de representación proporcional.
[10] Así pues, las esperanzas depositadas en el nuevo gobierno de que llevaría a cabo una democratización real del sistema se vieron frustradas.
Así fue como la Concentración Liberal logró la esperada mayoría absoluta: 220 diputados frente 121 conservadores, 11 republicanos, 7 socialistas, 6 carlistas y 22 pertenecientes a diferentes grupos regionalistas.
De los 220 diputados liberales 96 fueron garcíaprietistas, 48 romanonistas, 40 albistas, 20 reformistas, 8 gassetistas y otros 8 zamoristas.
[14] El protagonismo del parlamento preocupó a los sectores más conservadores y autoritarios, como el católico Partido Social Popular que advirtió que si la Comisión de responsabilidades seguía provocando «rebelión y desesperación» (el republicano nacionalista catalán Lluís Companys acababa de pedir una «revolución que os barriera a todos, y con vosotros al rey»), habría que encontrar una solución a la crisis «dentro o fuera del parlamento».
Pero los atentados continuaron, incluso fuera de Cataluña, donde tuvieron lugar los dos que tuvieron un mayor impacto: el que costó la vida al gobernador civil de Bilbao y, sobre todo, el asesinato en junio en Zaragoza del cardenal Juan Soldevila, "partidario de la mano dura contra el extremismo social", según Ben Ami.
[18] La burguesía catalana encontró en el capitán general Miguel Primo de Rivera a su principal valedor frente a la política «claudicante» del gobernador civil Francisco Barber nombrado por el gobierno.
Primo de Rivera respondió exigiendo plenos poderes para la declaración del estado de guerra y poner fin así a la huelga del transporte, al terrorismo y a las manifestaciones «separatistas».
[24] Sin informar a Alcalá Zamora, Santiago Alba había iniciado las negociaciones con Abd el-Krim para la liberación de los oficiales y los soldados que habían sido hechos prisioneros por los rebeldes rifeños en el desastre de Annual.
Alba había encargado la tarea al empresario Horacio Echevarrieta, rico naviero bilbaíno y diputado republicano que tenía intereses económicos en el Rif, por lo que mantenía una buena relación con los notables de la zona.
Al gobierno también le llegaron noticias de que el rey simpatizaba con estas protestas.
A partir de esa fecha se recrudeció el enfrentamiento entre Alba y Alcalá-Zamora, quien en una ocasión amenazó con dimitir.
"Publicado en un momento en que la frustración del ejército alcanzaba su punto más alto, este comunicado no podía interpretarse de otro modo que como una agresión más a los intereses corporativos del ejército.
La triste realidad era, según un órgano militar, que las autoridades civiles negligían por completo las necesidades del ejército".
Además mostró su total disconformidad con la paralización de las operaciones militares en el Protectorado.
El general Luis Aizpuru fue quien sustituyó a Alcalá-Zamora al frente del ministerio de Guerra.
Quedaron imputados 76 mandos militares, entre ellos el general Berenguer, que fue destituido como Alto Comisario.
Los ministros Joaquín Chapaprieta (Trabajo), Rafael Gasset Chinchilla (Fomento) y Villanueva (Hacienda) se manifestaron radicalmente en contra.
Cinco días después, el 3 de septiembre, los ministros Chapaprieta, Gasset y Villanueva dimitieron, "en desacuerdo con lo que consideraban enésima claudicación del poder civil".
[25] Por el contrario, los círculos militares esta vez alabaron al gobierno por «apartar los obstáculos a los planes militares» y el diario El Ejército Español, que hasta entonces no había cesado de acosar al gobierno, acogió la dimisión de los ministros Miguel Villanueva, Joaquín Chapaprieta y Rafael Gasset Chinchilla, como una victoria de «los intereses superiores del país».
El diario conservador ABC valoró la crisis de gobierno como un «espectáculo deprimente» que reflejaba la «desorientación política» característica del sistema.
La absolución de Barroso me hizo comprender las dimensiones del horrible abismo al que había sido arrojada España.
Correspondía al ejército educar a la comunidad civil e imbuirle un sistema español de valores.
Siguiendo el modelo irlandés, Acció Catalana llegó a formar un embrión de "Ejército catalán", con la creación de la clandestina Societat d'Estudis Militars o Servei d'Entrenament Militar (SEM).
En las semanas siguientes se adhirieron al proyecto las Irmandades da Fala y la Irmandade Nazonalista Galega, así como Estat Catalá, la Unió Catalanista, la Comunión Nacionalista Vasca y un grupo de nacionalistas valencianos.
[49] En Zaragoza la llegada del comandante José Cruz-Conde Fustegueras, enlace de los conspiradores con el gobernador militar, el general Sanjurjo, hizo que también se ultimaran los planes ante la pasividad del capitán general.
Más aún, parecía haber proporcionado deliberadamente a los golpistas los argumentos contra el gobierno, al recomendar la amnistía del cabo Barroso, que encabezara el motín de soldados en Málaga contra la campaña marroquí".
Los pesimitas, encabezados por Javier Tusell y Carlos Seco Serrano, defienden que el sistema de la Restauración estaba agotado, por lo que Primo de Rivera –en palabras de Javier Tusell, citado por Moreno Luzón- "no estranguló a un recién nacido, sino que enterró a un cadáver".
