Por su naturaleza, se exceptúan de esta regulación los procesos correspondientes al ámbito constitucional, electoral y penal.
Fue aprobado el 26 de abril del 2015 por la Asamblea General, y fue remitido al ejecutivo para su sanción u objeción.
Con el gobierno de Vicente Rocafuerte en 1835 se impulsaron las primeras normas que trataban sobre el denominado «enjuiciamiento civil».
En 1938, bajo la administración del general Alberto Enríquez Gallo —en calidad de jefe supremo del país—, se expidió un nuevo cuerpo legal que utilizó por primera vez la denominación «Código de Procedimiento Civil».
Las modificaciones requeridas por la norma constitucional se efectuaron en varias materias, sin embargo, quedaron pendientes en el procedimiento civil.