Concebido en octubre de 1989, el plan pretendía desestabilizar y derrocar al presidente Alan García mediante un golpe militar.
El Plan Verde preveía una «democracia dirigida», en la que los militares mantendrían el poder real tras la fachada de un gobierno electo, guiando efectivamente los militares la dirección y las políticas, mientras que los «chóferes» civiles —operando bajo estrictas instrucciones— gestionan los asuntos cotidianos del Estado, durante un periodo estimado de 20 a 30 años.
Montesinos modificó la estrategia original para centralizar su autoridad, aumentando el poder del SIN y disminuyendo la influencia institucional de los militares.
Además, dio lugar a la formación del escuadrón de la muerte Colina.
[3] Las políticas neoliberales propugnadas por el Plan Verde se incorporaron posteriormente a la Constitución peruana de 1993.
[4] La política económica del presidente Alan García distanció aún más a Perú de los mercados internacionales, lo que se tradujo en una menor inversión extranjera en el país.
Algunas fuentes señalan al general José Valdivia Dueñas como figura clave o autor del plan, aunque otras lo discuten.
También pedía «una clara política de represión preventiva que dure hasta el medio plazo».
El plan también pretendía controlar el «excedente poblacional» mediante una campaña de esterilización masiva dirigida a los grupos pobres e indígenas.
A pesar de ello, se presume que Vladimiro Montesinos, futuro asesor de Alberto Fujimori, trabajó con Díaz como asesor del SIN y tuvo contacto con los autores del plan, aunque no participó en su elaboración.
Fujimori, al asumir el poder, hizo cambios clave en la cúpula militar para consolidar su control y el de Montesinos.
Esta acción fue un primer paso hacia el establecimiento de una nueva cúpula militar leal a Fujimori y Montesinos.
Como resultado, las Fuerzas Armadas se subordinaron gradualmente al SIN, controlado efectivamente por Vladimiro Montesinos.
En junio de 1993, el contenido del Plan Verde se hizo público por primera vez cuando la revista Oiga, bajo la dirección del periodista vasco-peruano Francisco Igartua, publicó una serie de artículos detallados.
Obando Salas, preso en la Fortaleza del Real Felipe por su participación en el fallido contragolpe liderado por Jaime Salinas Sedó, se comunicó con Igartua a través de una carta escrita durante su detención.
En la misiva, Obando Salas advertía de los peligros que representaban los funcionarios corruptos en posiciones de poder e implicaba específicamente al vicealmirante Luis Montes Lecaros y al general José Valdivia Dueñas.
La revista presentó la filtración como prueba de una conspiración más amplia destinada a establecer una dictadura en Perú.
Entre 1988 y 1989 se planeó inicialmente un golpe de Estado para derrocar al presidente García.
El analista peruano Fernando Rospigliosi describió esas ideas como «francamente parecidas a las nazis».
[7] El tomo ii del Plan Verde se tituló «Apreciación de Inteligencia», con cuatro capítulos y diecisiete anexos.
[7] Este tomo se centraba en el análisis político, la opinión pública, los escenarios de las operaciones y otros objetivos.
[14] El analista político peruano Fernando Rospigliosi señala que, aunque Montesinos no participó inicialmente en el Plan Verde, su capacidad para resolver cuestiones militares le llevó a participar en la aplicación del plan con Fujimori.
El Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE) de la Fundación Nacional para la Democracia proporcionó financiación y recursos educativos para las campañas publicitarias del ILD.
[20][27] Estas políticas provocaron dificultades inmediatas a los peruanos pobres, que vieron cómo los precios subían rápidamente, haciendo inasequibles las necesidades básicas.
[19] Tras la conclusión del PAPI en 1997, USAID señaló que el PAPI había ayudado en la preparación de textos legislativos y contribuido a la aparición de un papel consultivo del sector privado en la economía peruana.
[34] Sólo el gobierno de Fujimori pudo comunicarse con el público durante ese periodo.