La administración colonial ejerció su autoridad sobre la base decretos, reglamentos y estatutos, pero nunca elaboró una constitución formal.
[7] La Constitución se escribió en francés, con una traducción oficial ofrecida en kirundi, constando de 123 artículos.
El artículo 6 declaraba que el sistema legal no hacía distinciones raciales y otorgaba a los burundeses igualdad ante la ley.
[3]Las libertades de prensa, correspondencia secreta y asociación estaban sujetas a excepciones determinadas por la ley.
[8] El Parlamento estaba facultado para exigir la presencia de ministros del gobierno en sus procedimientos[16] y podía iniciar investigaciones públicas.
[18] Los artículos 51 al 82 establecieron el poder ejecutivo del país, representado por el Mwami (Rey) y sus ministros.
[19]Las órdenes monárquicas debían ser refrendadas por un ministro con competencia en la materia pertinente para que fueran legales.
Cualquier nuevo Rey o regente prestaría juramento a la constitución antes de asumir sus poderes.
[25] Los artículos 83 al 97 establecieron el poder judicial del país,[8] basado en gran medida en el sistema belga.
[8] El artículo 119 detalla el procedimiento para modificar la constitución: En primer lugar, el Rey y el Parlamento debían declarar que se estaba considerando una enmienda específica; a continuación, el Parlamento debía disolverse y celebrarse elecciones especiales en un plazo de 40 días.
[31] A mediados de 1965, el Rey había ejercido hasta la extenuación todos sus poderes constitucionales.
El 28 de septiembre, un grupo de funcionarios hutus, incluyendo a los Asambleístas y Senadores, firmaron una carta denunciando la medida como inconstitucional y advirtieron que «se negaban rotundamente a aceptar las disposiciones del decreto-ley».
[32]El Rey también se saltó los mecanismos institucionales y designó a su propio gobierno, con Léopold Biha como primer ministro, y sus continuas contravenciones al orden institucional enfurecieron aún más a los políticos hutus.
[35]Mientras tanto, en Burundi, los jóvenes oficiales del ejército, los funcionarios públicos subalternos y las bandas de organizaciones juveniles radicales (todos ellos en su mayoría tutsis) se volvieron cada vez más conscientes de la influencia que habían ganado en el gobierno.
[40] Seguidamente, destituyó al gobierno de Biha y nombró uno nuevo liderado por Micombero como primer ministro.
[5] En ausencia de un marco legal formal, Micombero gobernó por decreto ejecutivo,[45] aunque todavía respetó las pautas constitucionales para el presupuesto y las finanzas.
[46] El Tribunal de Cuentas establecido en la constitución no se fundó sino hasta 1967 para controlar la corrupción.