Aborto en Hidalgo

Eso fortaleció al Partido Acción Nacional (PAN, partido minoritario en el congreso local y que suele clasificarse como derecha conservadora en el espectro político mexicano) que se ha caracterizado desde la década del 2000 por impedir y hasta criminalizar aún más la práctica del aborto consentido en México.

Lo anterior provocó una crisis interna en Morena pues meses antes sus diputados locales habían firmado un acuerdo con la dirigente general de ese partido, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, para sacar adelante el proyecto.

[10]​[11]​[12]​ Fue hasta junio de 2021, durante esa misma legislatura del Congreso local, que se turnó el dictamen 150 para volver a modificar tanto el Código Penal como la Ley de Salud.

Fue llevada al médico, donde únicamente le recetaron unas pastillas desparasitantes, las cuales no tuvieron ningún efecto.

La adolescente tenía que vivir un tiempo más o menos prolongado en inquietud y zozobra.

Así, la discusión fue llevada a la Primera Sala donde se asignó al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como ponente del proyecto, con el expediente AR 45/2018.

Es más, la protección de este derecho exige que los países adopten medidas positivas sobre la interrupción del embarazo.

Cada país puede establecer en su legislación que la vida iniciaría desde el momento de la concepción, pero no es una obligación hacerlo y mucho menos se puede usar esto como pretexto para vulnerar los derechos sexuales y reproductivos de la ciudadanía.

Igualmente, en agosto de 2007, ese mismo Pleno había resuelto que la protección a la vida del nasciturus no es absoluta por lo que el acceso al aborto legal es una medida que salvaguarda los derechos de las mujeres y de las personas gestantes para decidir sobre su cuerpo, su vida y su salud física o mental (AI 146/2007 y AI 147/2007).

Son sobre todo las mujeres quienes se han encontrado históricamente en desventaja como consecuencia de la construcción sociocultural que se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir.

Por lo tanto, los Estados deberían enmendar la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas.

Esa misma Primera Sala de la SCJN ya había resuelto que para garantizar el derecho a la salud se deben adoptar medidas para que la interrupción del embarazo sea posible, disponible, segura y accesible.

Finalmente, la reparación integral del daño implica:[23]​[24]​ Las colectivas feministas en el estado, al igual que en otras partes del país, siguen trabajando a través de campañas informativas y redes de acompañamiento para superar los obstáculos que impiden el acceso real y eficiente al servicio.

Si bien se percibe una mejoría en el servicio, sobre todo en las zonas metropolitanas de Pachuca y el Valle del Mezquital, las quejas podrían seguir proviniendo de las zonas rurales y aun estarían centradas en la falta de difusión (por lo que muchas mujeres y personas gestantes aún no saben que el procedimiento es totalmente gratuito en clínicas y hospitales públicos, en cuales de esas unidades se puede realizaro cuales son los requisitos para acceder a él), así como en la sensibilización y la capacitación deficiente del personal de los servicios públicos de salud (por lo que algunas personas usuarias han reportado malos tratos o que existe desconocimiento en los esquemas y protocolos necesarios para atenderlas).

Durante los primeros meses de la reforma se reportaron cobros injustificados y hasta negación en las solicitudes, sin embargo en la actualidad, ya no existen denuncias sobre eso.

Tampoco existen registros oficiales, tanto definitivos como constantemente actualizados, sobre el número de intervenciones o de unidades públicas donde se puede realizar el servicio, los cuales podrían ayudar a que las autoridades de la entidad sepan el sentido exacto que deben tomar para subsanar las carencias y las omisiones.

[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​ Así, las organizaciones feministas en Hidalgo siguen manifestándose constantemente, sobre todo en el marco del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro (cada 28 de septiembre), para exigir al gobierno local algunas demandas concretas: Al igual que algunas otras entidades, hasta la fecha, los grupos religiosos y conservadores en el estado han respondido de manera más bien moderada.

Igualmente, se pronunciaron a favor de una "formación sexual" donde debería participar la Iglesia, la catequesis, la familia y la escuela; ya que supuestamente los jóvenes están informados, pero no "formados".

Esta vez, argumentaron que durante el debate parlamentario no se les permitió ni expresarse ni votar, a pesar de que en la transmisión en vivo de la sesión de ese día (ordinaria número 201, misma que se encuentra grabada y accesible desde internet para cualquier persona que acceda al canal oficial del legislativo estatal) se puede comprobar que varios de los diputados y diputadas de ese partido pidieron subir al estrado para exponer su rechazo al proyecto y se les permitió hacerlo.

Es por eso que, de manera paralela, 11 diputados y diputadas locales del PRI, PAN, Partido Encuentro Social (PES, partido que suele clasificarse como derecha conservadora en el espectro político mexicano) y hasta una independiente que militaba anteriormente en el PRD (y que en aquel entonces apoyaba la despenalización y legalización del aborto voluntario) presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, la cual fue admitida el día 4 de agosto de 2021, pero aún no ha sido discutida.

(Seiinac) y la asociación civil Ipas México, existen 16 unidades (hospitales o clínicas) pertenecientes al sistema de salud local para atender los casos, los cuales son:[45]​[46]​[47]​[48]​ Y 3 unidades (hospitales o clínicas) del ISSSTE, los cuales son: También se han instalado otras clínicas privadas en las principales ciudades de la entidad.

[49]​ Como indica la guía federal del Lineamiento Técnico para la atención del Aborto Seguro en México[50]​ (siguiendo los estándares de la Organización Mundial de la Salud), en la actualidad, el legrado uterino instrumental se considera obsoleto, nocivo y está totalmente desaconsejado.

Estas pueden ser dolor cólico y sangrado transvaginal, ligeramente mayor a lo experimentado en una menstruación.

Estas dos últimas normatividades señalan que para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (en caso de violación) no se necesita presentar denuncia previa ante el Ministerio Público o contar con la autorización de éste.