Legislación del aborto en México

Al igual que con el matrimonio igualitario, los poderes legislativos, locales o federales, no pueden negarse a aprobar leyes permisivas sobre este asunto.

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Sin embargo, no hay ninguna referencia explícita que otorgue personalidad jurídica plena a los productos de la concepción.

No obstante, el artículo 123 sí marca ciertas protecciones a la vida del nasciturus por medio de cuidados prenatales hacia la mujer o la persona gestante que curse un embarazo.

Entonces, no es posible limitar la Interrupción Legal del Embarazo o el aborto electivo, pues con esto se impide ejercer la maternidad y la paternidad voluntarias.

Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Así, aquel Máximo Tribunal declaró en 2021 y 2023 que las penalizaciones (tanto a nivel local como federal) al aborto voluntario son inconstitucionales.

El aborto forzado sigue y seguirá siendo un crimen que amerite penas más severas, sobre todo cuando hay violencia física o emocional de por medio.

Antes de la despenalización federal, en todos los códigos existían ciertas situaciones o condiciones por las cuales el aborto no podía ser sancionado.

[22]​ En Coahuila existe un caso particular pues el poder legislativo local aún no ha modificado los artículos del Código Penal declarados como inconstitucionales por la SCJN (sentencia AI 148/2017 y AR 79/2023).

En Chihuahua, la situación es sui géneris, ya que aunque las sentencias judiciales también reconocen que las restricciones al aborto electivo impuestas por la normativa penal son completamente inconstitucionales, únicamente obligan al gobierno local a informar y ofrecer servicios de aborto voluntario en las unidades públicas de salud, incluso cuando su poder legislativo local se niegue a reformar las leyes correspondientes.

Los dos primeros significan que, cuando se comete dicha conducta, sí existe un delito, pero no merece ser sancionado.

Así, los segundos se consideran mejores, especialmente ahora que el aborto consentido ya no puede ser criminalizado.

Por último, las medidas alternativas consisten en tratamientos integrales (educativos, sanitarios o psicológicos) al igual que trabajo a favor de la comunidad, pero en libertad.

Si bien parecieran ser menos graves que la prisión, en muchos casos siguen siendo problemáticas cuando no se menciona la perspectiva de género, la sensibilización en los derechos humanos y la elusión a estereotipos que estigmaticen, discrimine o atenten contra la dignidad de las personas.

Por su parte, en el Estado de México, previo a su despenalización (en 2024), solamente se mencionaba "ocultar la deshonra".

Igualmente, suelen indicar un tiempo máximo de espera para realizar el procedimiento una vez presentada la solicitud y reunidos los requisitos.

También ofrecen, de manera opcional, asistencia en salud sexual y reproductiva posterior a la interrupción del embarazo.

En Michoacán y Veracruz esa alusión no se encuentra en sus leyes de salud, pero sí en sus guías locales.

[74]​ Es importante recordar que esta norma remplaza, desde 2005, a la NOM 190-SSA1-1999 pues antes de esa fecha no existía ningún proyecto que regulara esto de manera precisa y explícita, aunque el Código Penal Federal establece desde 1931 a la violación como causal para abortar legalmente.

Así, la sección 6.4. señala que:[75]​ Los casos de violación sexual son urgencias médicas y requieren atención inmediata.

Desde 2016 y en la actualidad, ya no es necesario denunciar previamente u obtener autorización del Ministerio Público para proceder con el aborto por violación pues en muchos casos, incluso con la denuncia o la autorización, las solicitudes eran rechazadas en los servicios médicos pues se inventaban pretextos y hasta requisitos.

Los grupos conservadores, religiosos y antiderechos han utilizado esto para desinformar a la opinión pública asegurando que de esta manera los agresores sexuales quedarían impunes.

Servicios odontológicos reconstructivos por los daños causados como consecuencia del delito o la violación a los derechos humanos IX.

Por lo tanto, no existe ninguna obligación en declarar que en México la vida inicia a partir de la concepción.

No solo eso, también reconoció por primera vez que la penalización del aborto electivo es contrario a los artículos 1.º y 4.º de la constitución general.

[147]​[148]​ Sin embargo, gracias a esto, las personas que han sido encarceladas por el delito de aborto electivo han podido salir de prisión, ya que, en este país, las jurisprudencias únicamente pueden ser retroactivas cuando beneficia a los derechos humanos.

Eso no significó una victoria para los grupos antiderechos, ni una derrota para las organizaciones a favor del aborto.

Se evita así atropellar el principio de seguridad jurídica que incide directamente en los derechos a la salud o la vida.

Buscan presionar a los órganos legislativos locales y federales que se han mostrado poco o nada dispuestos para modificar las leyes que siguen criminalizando así como inhibiendo o impidiendo el acceso al aborto voluntario y seguro.